En hornos, cacerolas, planchas, frenos y embragues de coches, conductos del agua, tejados. El amianto es un producto que, debido a sus excelentes cualidades aislantes y su bajo coste, inundó la vida cotidiana en los 60 con hasta 3.600 usos. Pero tenía inconvenientes. Fácilmente las fibras microscópicas de su famoso polvo blanco se inhalan y alojan en los pulmones de quienes lo manipulan o viven cerca de donde se manipula, produciendo asbestosis o cánceres de pleura, pulmón y peritoneo. España vetó su uso en el 2002, pero estas enfermedades tardan hasta décadas en aparecer. El resultado, según la OMS, son 1.100 muertes anuales en España (2 de cada 10 en el mundo), y la UE calcula que hasta el 2030 fallecerán 50.000 españoles.
"Lo peor está por venir", asegura Daniel Angel Cárcoba, experto en salud laboral y expresidente del grupo de trabajo de amianto de la Comisión Europea (CE). "El problema es todo lo importado antes del veto, más de 2,6 millones de toneladas solo entre 1990 y el 2000", explica Miguel Angel Daniel, médico de trabajo especialista en estas enfermedades a las que solo el 2% de los diagnosticados sobreviven más de 12 meses. Por cada 130 toneladas de amianto importadas aparece un mesotelioma, el más maligno de estos tumores, ha calculado Santiago Coca, jefe del servicio de anatomía patológica del Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Cárcoba predice, manejando datos oficiales, que los 1.100 trabajadores muertos a causa del amianto en el 2010, de sectores como carpintería, albañilería, fontanería y las industrias naval y ferroviaria, irán aumentando "hasta alcanzar su pico en el quinquenio 2020-25". El cálculo no entra en que, pese a los planes de retirada del amianto, el mineral sigue presente en hospitales, universidades, cines o estudios de radio y televisión. Según Daniel, en las grandes empresas se hace una retirada controlada pero no en todas las pequeñas ya que es un proceso caro. En viviendas hay un problema de información y "a veces, no se retira la uralita, por ejemplo, con las precauciones debidas".
Para expertos, juristas, sindicatos y afectados, la situación en España tiene un problema añadido con respecto a otros países. "Al no generar síntomas claros en la medicina convencional no se considera enfermedad de trabajo y, salvo algunas sentencias, no hay compensaciones", dice Román Oria, jefe de uno de los bufetes de abogados que han presentado sin mucho éxito decenas de denuncias en España.
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